El concepto positivo sobre la viabilidad del referendo reelecionista entregado el martes por el procurador Alejandro Ordóñez ha generado una intensa polémica jurídica y política en Colombia.
Antiguos magistrados, analistas y dirigentes se han pronunciado al respecto, aunque cada vez toma más fuerza la tesis de que el titular del Ministerio Público tomó una determinación política, que no tiene bases jurídicas fuertes, a pesar de que el mismo presidente Álvaro Uribe llamó a respetar la decisión.
El ex presidente de la Corte Constitucional y ex candidato presidencial Carlos Gaviria afirmó que el fallo del Procurador era de esperarse y calificó a Ordóñez de ejercer un “uribismo impúdico” que no es respetuoso de las leyes.
“Todos sabíamos que cuando a él (Ordóñez) lo eligieron para el cargo era para hacerle favores al Gobierno y el concepto que dio da claras evidencias de que así fue. No hay derecho a que en un país democrático las leyes se violen al antojo del gobernante de turno”, afirmó.
Gaviria también se mostró preocupado por el hecho de que el Procurador invocara la voluntad del pueblo para justificar la determinación tomada sobre la iniciativa popular
“Hay algo que debería preocuparnos a todos los ciudadanos y es el hecho de que usen la voluntad del pueblo para justificar los vicios. Este es un Estado de derecho y el Procurador se lo saltó al afirmar que son más importante las firmas de cuatro millones de colombianos al deseo de todos los demás que no han ido a las urnas a validar ese proceso”, concluyó el ex magistrado.
El abogado constitucionalista Jaime Castro también se pronunció en ese sentido al destacar que el concepto sobre el referendo es en extremo “pobre”.
“El Procurador dejó pasar una gran oportunidad de emitir un documento con buen soporte jurídico que haga recuperar la confianza en que en Colombia hay democracia. En su lugar publicó un texto muy pobre, que no es más que un favor para el Gobierno que lo montó”.
Castro, además, agregó que el titular del Ministerio Público obró mal al restarle importancia a los vicios de trámite que encontró.
“Yo no sé en qué parte de la Constitución se define lo que es un vicio grave, uno de mediana gravedad y uno leve. Es una irregularidad y cuando se encuentra una lo que se debe hacer es corregirla. La manera de hacerlo era devolver el proyecto al Congreso, no obrar mal y decir que no son tan malos”, sentenció el experto.
Finalmente, el politólogo Alejo Vargas declaró que el fallo es “completamente incoherente en el ámbito jurídico” y destacó que la Corte Constitucional debería tener en cuenta los vicios de trámite, proferir un fallo en derecho y declarar inexequible el referendo.
Sobre estas críticas, el Procurador respondió que él se basó en la Constitución para emitir su juicio y fue enfático al afirmar que le están haciendo un juicio político y no uno jurídico.
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