Bogotá, 13 ene (EFE).- El relator de la ONU para los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, le pidió a los grupos armados abstenerse de reclutar niños aborígenes y expresó su preocupación porque las leyes y programas del Gobierno colombiano “no permiten una efectiva protección” de los pueblos indígenas.
Así lo consignó Anaya en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra a propósito de una visita de seguimiento realizada a Colombia en julio del año pasado.
En el informe publicado hoy y dado a conocer por la ONU en Bogotá, Anaya enfatiza “que los grupos armados deben abstenerse de reclutar niñas y niños indígenas en actividades relacionadas con las hostilidades, lo que constituye una grave violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
El relator especial, por otro lado, también expresa su preocupación “por las múltiples indicaciones de que la situación de los pueblos indígenas en el país no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación merece”.
Sin embargo, Anaya “toma nota” de la disposición del Gobierno colombiano “hacia el reconocimiento” de los derechos de los pueblos aborígenes.
También exhorta a todas las autoridades competentes a brindar “protección efectiva” a los líderes de los pueblos indígenas y para ello, agrega, el Gobierno colombiano debería adoptar “de forma urgente” medidas presupuestarias y operativas que permitan fortalecer los esquemas de protección.
Explica que en este proceso se deben respetar las iniciativas de los pueblos indígenas, “como la figura de la guardia indígena”.
Urgió al Estado a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico.
También expresó su preocupación particular por la situación que vive la niñez y las mujeres indígenas afectadas por el conflicto armado y demandó del Gobierno “fortalecer sus programas para responder de manera diferenciada y efectiva a estas necesidades”.
Pidió también a las autoridades “investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y llevar a la Justicia a los responsables” y asegurar que estas situaciones no se repitan.
En su informe, Anaya también urgió al Estado a buscar salidas negocias al conflicto armado que se vive en el país en las que se tenga en cuenta a la sociedad civil y “en especial a las autoridades indígenas, para la construcción de una paz verdadera y duradera en Colombia”. Volver a Inicio
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