La decisión de la Contraloría General de la República, de confirmar la sentencia de responsabilidad fiscal por el caso Hidroituango, contra algunos políticos exfuncionarios oficiales, y personas jurídicas, debe llenar de confianza y tranquilidad a los colombianos por tener un ente de control estatal que no le tiembla la mano ni le teme al qué dirán los poderosos y se atreve a denunciar un descalabro de recursos del tamaño de $4 BILLONES largos, que para desgracia de Colombia, tendrían o pagarían los contribuyentes del erario y los usuarios de la energía eléctrica. Seguir leyendo
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