En la grafica, el concejal Carlos Virviescas, a la izquierda, imparte instrucciones a los funcionarios del gobierno sobre las enmiendas que deben hacerse al proyecto.
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La intervención sustentada del concejal de Bucaramanga, Carlos Enrique Virviescas Pinzón, motivó al presidente de la corporación municipal de la capital de Santander, Uriel Ortiz a suspender temporalmente una sesión plenaria en la cual se estudiaba un confuso proyecto de Acuerdo sobre apertura de zanjas, reparación de huecos, reparcheo y repavimentación de los frentes de los inmuebles.
El proyecto de origen de la administración del alcalde de Bucaramanga, Honorio Galvis Aguilar, era sustentado ante la plenaria de concejales por la secretaria de infraestructura Alfa Gelves Figueredo. La iniciativa dejaba en el limbo la responsabilidad de los costos de las obras que se ejecutaran, como insinuando una futura carga fiscal para los contribuyentes.
En este orden el proyecto era aprobado sin un suficiente análisis por parte de los ediles, cuando momentáneamente el concejal Carlos Virviescas tomó la palabra para demostrar que la iniciativa carecía de claridad y posteriormente los costos serían cargados a los dueños de inmuebles cuyas calles fueran arregladas.
El proyecto de origen de la administración del alcalde de Bucaramanga, Honorio Galvis Aguilar, era sustentado ante la plenaria de concejales por la secretaria de infraestructura Alfa Gelves Figueredo. La iniciativa dejaba en el limbo la responsabilidad de los costos de las obras que se ejecutaran, como insinuando una futura carga fiscal para los contribuyentes.
En este orden el proyecto era aprobado sin un suficiente análisis por parte de los ediles, cuando momentáneamente el concejal Carlos Virviescas tomó la palabra para demostrar que la iniciativa carecía de claridad y posteriormente los costos serían cargados a los dueños de inmuebles cuyas calles fueran arregladas.
Fondos legales
El exalcalde de Bucaramanga, exdirector de la Corporación de Defensa y hoy concejal de la ciudad Carlos Viviescas advirtió que todas las empresas de servicios públicos deben por norma tener un fondo legal para hacer mantenimiento y reposición de obras y que en tal virtud, esos costos no tenían por qué ser transferidos a los contribuyentes.
La advertencia antecedida por el médico y concejal Luís Enrique Quiñónez, sobre una demanda que cursa en el Tribunal Administrativo de Santander, sobre el mismo caso, obligó a suspender la sesión pata hacerle los ajustes del caso al proyecto. Sostuvo el concejal que si el acueducto tiene que hacer reparación de la red de conducción, o la red de la empresa de teléfonos o alcantarillado, son cada una de ellas las que tienen que asumir los costos, porque para eso mensualmente se le está cobrando al usuario un canon básico y un valor por los consumos.
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