Colombia vincula más congresistas caso paramilitares
Por Luis Jaime Acosta
BOGOTA (Reuters) - La Corte Suprema de Justicia de Colombia vinculó en las ultimas horas a cinco congresistas, que en el 2001 firmaron un pacto secreto con paramilitares de ultraderecha, a una investigación criminal que ha desatado el peor escándalo político en la historia del país.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez, dijo que los legisladores deberán responder por "concierto para delinquir agravado."
"La Sala Penal decidió la citación a indagatoria de cinco congresistas para oírlos en indagatoria, vincularlos formalmente al proceso y desde luego para garantizarles el derecho a la defensa," aseguró Gómez a periodistas.
Hasta el momento, ocho congresistas aliados del presidente Alvaro Uribe, un gobernador y el ex jefe de la central de inteligencia permanecen encarcelados, acusados de nexos con los paramilitares, responsables de cometer los peores abusos a los derechos humanos en medio del conflicto interno.
Otro legislador permanece prófugo y recientemente Colombia solicitó a España su detención y deportación.
El proceso de la Corte Suprema es paralelo al de la Fiscalía General que el martes vinculó a una investigación a 20 personas, incluidos cinco ex congresistas y dos antiguos gobernadores, por el mismo caso.
Los cinco congresistas que deberán presentarse ante la corte a declarar la próxima semana firmaron en el 2001 con ganaderos y otras personas un documento en el que se comprometían con los paramilitares a "refundar la patria" y "firmar un nuevo contrato social."
El escándalo que desató la crisis política se inició en noviembre del 2006 cuando la corte ordenó la captura de
congresistas acusados de haber ayudado a financiar y a organizar esos escuadrones de ultraderecha y se ahondó cuando se conoció un acuerdo secreto firmado por políticos y ganaderos con esos grupos armados ilegales.
La investigación también apunta a destapar los nexos de industriales, ganaderos, comerciantes y militares con los paramilitares que en el 2003 iniciaron una negociación de paz con el Gobierno de Uribe durante la que más de 31.000 combatientes depusieron las armas.
Los antiguos comandantes de esos escuadrones permanecen actualmente encarcelados y deberán presentarse ante la justicia para confesar sus delitos que incluyen asesinatos, masacres, secuestros, torturas y desapariciones, para recibir una sentencia de máximo ocho años de prisión.
De acuerdo con testimonios en poder de las autoridades, algunos políticos al parecer recibieron ayuda financiera de los paramilitares para financiar sus campañas y habrían obligado a los electores de las zonas que controlaban a votar por ellos.
Otros políticos supuestamente contribuyeron a financiar esos escuadrones y a que se organizaran.
Uribe, acusado por sus detractores de tener nexos con los paramilitares y quien apoya las investigaciones, advirtió que los funcionarios de su Gobierno que resulten implicados serán desvinculados para que respondan ante la justicia.
La ex canciller María Consuelo Araújo renunció en febrero, presionada por la crisis política, después de que la corte ordenara la captura de su hermano Alvaro, implicado en la investigación.
Los paramilitares surgieron en la década de 1980 con el apoyo de ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios perseguidos por la guerrilla, a la que desalojaron de varias regiones del país en medio de una sangrienta confrontación que dejó miles de muertos como parte del conflicto armado.
BOGOTA (Reuters) - La Corte Suprema de Justicia de Colombia vinculó en las ultimas horas a cinco congresistas, que en el 2001 firmaron un pacto secreto con paramilitares de ultraderecha, a una investigación criminal que ha desatado el peor escándalo político en la historia del país.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez, dijo que los legisladores deberán responder por "concierto para delinquir agravado."
"La Sala Penal decidió la citación a indagatoria de cinco congresistas para oírlos en indagatoria, vincularlos formalmente al proceso y desde luego para garantizarles el derecho a la defensa," aseguró Gómez a periodistas.
Hasta el momento, ocho congresistas aliados del presidente Alvaro Uribe, un gobernador y el ex jefe de la central de inteligencia permanecen encarcelados, acusados de nexos con los paramilitares, responsables de cometer los peores abusos a los derechos humanos en medio del conflicto interno.
Otro legislador permanece prófugo y recientemente Colombia solicitó a España su detención y deportación.
El proceso de la Corte Suprema es paralelo al de la Fiscalía General que el martes vinculó a una investigación a 20 personas, incluidos cinco ex congresistas y dos antiguos gobernadores, por el mismo caso.
Los cinco congresistas que deberán presentarse ante la corte a declarar la próxima semana firmaron en el 2001 con ganaderos y otras personas un documento en el que se comprometían con los paramilitares a "refundar la patria" y "firmar un nuevo contrato social."
El escándalo que desató la crisis política se inició en noviembre del 2006 cuando la corte ordenó la captura de
congresistas acusados de haber ayudado a financiar y a organizar esos escuadrones de ultraderecha y se ahondó cuando se conoció un acuerdo secreto firmado por políticos y ganaderos con esos grupos armados ilegales.
La investigación también apunta a destapar los nexos de industriales, ganaderos, comerciantes y militares con los paramilitares que en el 2003 iniciaron una negociación de paz con el Gobierno de Uribe durante la que más de 31.000 combatientes depusieron las armas.
Los antiguos comandantes de esos escuadrones permanecen actualmente encarcelados y deberán presentarse ante la justicia para confesar sus delitos que incluyen asesinatos, masacres, secuestros, torturas y desapariciones, para recibir una sentencia de máximo ocho años de prisión.
De acuerdo con testimonios en poder de las autoridades, algunos políticos al parecer recibieron ayuda financiera de los paramilitares para financiar sus campañas y habrían obligado a los electores de las zonas que controlaban a votar por ellos.
Otros políticos supuestamente contribuyeron a financiar esos escuadrones y a que se organizaran.
Uribe, acusado por sus detractores de tener nexos con los paramilitares y quien apoya las investigaciones, advirtió que los funcionarios de su Gobierno que resulten implicados serán desvinculados para que respondan ante la justicia.
La ex canciller María Consuelo Araújo renunció en febrero, presionada por la crisis política, después de que la corte ordenara la captura de su hermano Alvaro, implicado en la investigación.
Los paramilitares surgieron en la década de 1980 con el apoyo de ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios perseguidos por la guerrilla, a la que desalojaron de varias regiones del país en medio de una sangrienta confrontación que dejó miles de muertos como parte del conflicto armado.
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